“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso, a través de la Resolución 267/2024, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, expresó el comunicado circulado a primera hora.
El titular del Palacio de Hacienda incluso publicó en sus redes sociales un ejemplo de una factura con sobrecargos. La norma emitida incluye penalidades ante el incumplimiento. La vigencia, aclaran, será inmediata y entregan un plazo de adecuación de treinta días. El argumento detrás es que “se evitará la inclusión de cargos que no corresponden a un servicio y que vulneren la libertad de elección de los consumidores forzándolos a pagar montos adicionales al momento de abonar las tarifas”.
La definición del Ministerio de Economía fue lanzada después de que se difundieran fuertes reclamos de vecinos de varios puntos del país contra las distribuidoras de luz y gas porque les llegaron boletas que cuadruplican las anteriores y que muchos reclamaron que no pueden abonar. En la ciudad de Alberdi, Tucumán, llegaron a prender fuego frente a las puertas de EDET para cuestionar los cortes a los suministros de electricidad. Ante esto, la dependencia de Caputo pareciera que busca de forma tácita entregar un responsable de estos incrementos cuestionados: los cobros adicionales de los municipios.
Las respuestas no se demoraron en llegar
Desde más de una gobernación de provincia admitieron a PERFIL que no se verán afectados por esta resolución de Economía, pero que sí repercutirá en la recaudación de sus municipios, que ya anticipan caerán sustancialmente. En el interior, son varios los que incluyen las tasas de alumbrado público, barrido, limpieza, sepelios y otros servicios en las boletas de luz y gas. Esto complejiza un panorama de bajos ingresos por la caída de la actividad y donde además Nación recortó los fondos.
En La Pampa, por ejemplo, la medida no afectará a las arcas de la provincia. Tampoco las de Santa Rosa ni General Pico, los distritos más grandes, pero sí a algunos más pequeños de los 80 en los que está dividido el territorio.
Las complejidades que generará para otros municipios llevaron a algunos intendentes a cruzarse fuerte contra el ministro. “Es una barbaridad la medida, en principio porque lo que se cobra de tasa en la factura de Edenor es por un servicio de alumbrado público, lo que está autorizado por ley. No se está cobrando cualquier tasa caprichosamente“, criticaron desde un distrito del Conurbano bonaerense. “La consecuencia directa sería otro brutal golpe a las economías municipales, que ya vienen muy golpeadas, considerando que el Gobierno nacional no solo desfinanció programas para mejoramiento y renovación del alumbrado público, sino que ahora nos quieren quitar a los municipios una herramienta fundamental para afrontar el gasto que produce ese consumo energético”, rebatieron desde una intendencia.
Para ponerle números, desde Morón estiman que la implementación de esta medida les privará de una porción importante de los $1.500 millones al año que recaudan para el alumbrado de las calles. La boleta de servicios públicos tiene una cobrabilidad mucho más elevada que la municipal. En los distritos más pobres lo que abonan los ciudadanos disminuye al punto de que sólo lo hacen el 20% o 25%, explicaron a este medio desde una jurisdicción bonaerense.
“Si sos coherente deberías dejar de cobrar y retener —compulsivamente— el IVA, ganancias y todos los impuestos que cobra el Estado nacional. Hacé que los pague el que quiera, sin retenciones obligatorias. Te haces el libertario con la ajena. Chanta de cuarta”, le rebatió Francisco Echarren, mandamás del distrito bonaerense Castelli, por “X” (Twitter).
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, alertó por redes que “El gobierno de Javier Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito”. La dirigente de La Cámpora resalta un dato: “Las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo. Lo que sí cambió son los valores de las facturas, como podemos ver en las imágenes”.
“Lo que están viendo todas las familias argentinas es un tarifazo insensible e impagable de hasta 300%, y que en algunos casos los valores ya superan una jubilación mínima a la que, como si fuera poco, buscan vetarle un aumento. Esto es lo que quieren tapar atacando a los municipios. Su política energética es la que está hundiendo la economía de los argentinos y argentinas. Mientras ustedes inventan superávits y dibujan números en un Excel, los intendentes e intendentas caminamos nuestros barrios y vemos todos los días el desastre social que están haciendo” esgrimió Mendoza.
En esa misma línea, pero conciso, el jefe comunal de Lanús, se sumó a las críticas. “Es inaceptable que el ministro ‘Toto’ Caputo, que endeudó a la Argentina con el FMI y lleva más de 263,4% de inflación acumulada interanual, responsabilice a los intendentes”, criticó Julián Álvarez.
El debate público comenzó justamente entre Caputo, Mendoza y Álvarez algunas semanas atrás. En ese momento ya se habían cruzado por declaraciones del ministro que había adelantado buscaría dar de baja las tasas municipales de las boletas.
Fuente: Perfil