El presidente Javier Milei regresará este martes al país en una semana clave para el oficialismo en la Cámara baja, donde buscará finalmente sancionar la ley Bases y el paquete fiscal. En los pasillos de Balcarce 50 aseguran por estas horas que «no debería haber ningún inconveniente» en Diputados y se enfocan en lo que viene después.
Respecto a otra área sensible como es la AFI, en el Gobierno descartan las versiones de un nombramiento de Jaime Stiuso y explican que la designación de Sergio Neiffert es un cargo netamente político. «No es James Bond y no pretendemos que lo sea, la idea es darle un lugar político y no técnico, eso va para las agencias», aseguran.
El relanzamiento del organismo de inteligencia también está pensado para los próximos días, bajo el nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En el oficialismo aclaran, sin embargo, que la reestructuración del Estado no necesariamente traerá la oficialización de Federico Sturzenegger en el Gabinete. La semana pasada, el asesor tenía una reunión prevista con el Presidente que se suspendió antes de la gira internacional, por lo cual se espera que concreten ese encuentro antes de avanzar.
Además, cabe recordar que para los próximos días se prepara una nueva ola de despidos estatales, que abarcará a los contratos que finalizarán en junio. En Casa Rosada no pudieron especificar a cuántos trabajadores afectará, pero Javier Milei prometió que en total iban a ser cerca de 70.000, dijeron. En ese sentido, a principios de abril, el Gobierno confirmó que ya habían sido despedidos 15.000 trabajadores estatales.
Pacto y Consejo de Mayo
El Gobierno da por sentado que, con la ley Bases, esta vez sí habrá Pacto de Mayo. La cita será en Tucumán el próximo 9 de julio y para ello ya está en gestiones con el gobernador local Osvaldo Jaldo. En Balcarce 50 esperan que se trate de una ceremonia que se realice cerca de las 20 o 21 horas, con lugar a definir.
Previamente, saldrá publicado en el Boletín Oficial la conformación del Consejo de Mayo, al que explican como «una suerte de ente que empuje las reformas estructurales». El oficialismo espera que los propios miembros regulen su funcionamiento, y aspira a convocar para el organismo a gobernadores, empresarios, referentes políticos y sindicalistas.
Sobre este último punto, no consideran un desafío la participación de la CGT. «Eso va a ser fácil, excepto la firma de Gerardo (Martínez)», argumentan.
La idea es que cada sector elija «a mano alzada» quién va a ser su representante en este prototipo de mesa extendida de negociación con el Gobierno.
Así las cosas, en el oficialismo comienzan a ver vientos a favor a partir de la primera victoria política que marcó la aprobación de la ley Bases y se aproxima en dar comienza a lo que consideran una «segunda etapa de gestión».
Fuente: Ámbito
