Los jefes provinciales -en su momento circuló el nombre de Alfredo Cornejo como supuesto representante de ellos en dicho consejo- le explicaron al consultor que, antes que eso, había un largo listado de temas pendientes aun sin resolver. Nunca más, según las fuentes, volvieron a hablar del tema.
Los gobernadores están cada vez más inquietos, y si los más afines a la Casa Rosada no hicieron todavía oír sus reclamos a viva voz obedece, más allá de esa afinidad ideológica y política, a dos sencillas razones: a que, en un buen número, comparten electorado con el gobierno libertario, y a que publicitar una posición contraria al presidente no reditúa en público, al menos por ahora, por la popularidad que Milei todavía mantiene en buena parte de la sociedad.
Ayer, después de que en su poco convocante cadena nacional del domingo por la noche en la que presentó inéditamente, en persona y en el mismísimo Congreso, el proyecto de presupuesto para el 2025, y de que le pidiera a los gobernadores un ajuste en torno a los 60.000 millones de dólares, el malhumor entre los jefes provinciales se acrecentó.
El primero en hacerlo público fue Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, horas después del discurso presidencial: “Hicimos un esfuerzo mucho mayor al de Nación, más no se puede”. Fuentes provinciales resaltaron que, en estos días, el gobernador recibió una encuesta que arrojó una caída en la popularidad del jefe de Estado. Pullaro, por su parte, conserva altos índices en su imagen.
Ayer por la tarde, tras el discurso de Milei del domingo, Francos y los vicejefes Lisandro Catalán y José “Cochi” Rolandi; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a otros colaboradores, mantuvieron durante dos horas una reunión virtual con casi una veintena de gobernadores y representantes de provincias para empezar a discutir el presupuesto del año próximo que estipuló un dólar en torno a los $1.207, un incremento del 5% del PBI y una inflación del 18,3% en un proyecto que, según el presidente, deberá tener sí o sí un blindaje del déficit fiscal a pesar del contexto macroeconómico.
En Casa Rosada, sentado en una punta de la mesa en un salón del Ministerio del Interior que conoció a la perfección durante cuatro años y que ahora ocupa Francos, Frigerio dijo a puertas cerradas, pero en línea con Pullaro, que los gobernadores no podían hacer más esfuerzos. El gobernador de Entre Ríos está especialmente inquieto por las deudas que el gobierno mantiene con su provincia, una preocupación que se extiende a todo el interior, sin distinción de partidos.
Hubo algunos gobernadores que plantearon temas puntuales. Caputo les avisó que, en todo caso, eso se analizaría, caso por caso, en reuniones bilaterales.
Es que los reclamos que arrastran las administraciones provinciales son comunes a todas las jurisdicciones: desde las deudas por las obras públicas que ahora fueron traspasadas a las provincias hasta las cajas de jubilaciones o la compensación por el consenso fiscal firmado durante la gestión de Mauricio Macri. También el remanente de los Aportes del Tesoro (ATN) que no se ejecutan durante el ejercicio presupuestario o el viejo reclamo por la coparticipación del IVA.
Hay, además, una queja que se manifiesta en muchas de las encuestas que se encargaron en algunas provincias, y que mantiene en vilo a un buen número de gobernadores. Se trata del estado de las rutas nacionales -también de las provinciales-, que en algunos casos es deplorable, que no tiene respuesta alguna por parte del gobierno central y que afecta, además, al transporte de carga.
Entre los jefes provinciales sobrevuela, en tanto, una información que, de confirmarse, podría alterar aún más los ánimos en plena negociación por el presupuesto: circula un trascendido que da cuenta de que nación no se haría cargo de las deudas y los certificados vencidos de las obras que fueron traspasadas a las provincias y que, en su mayoría, siguen paralizadas.
En las provincias aseguran que, con excepción de contadísimos casos puntuales, no hay ninguna respuesta en general para los reclamos. La interlocución oscila entre el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada. Francos es un dialoguista validado por los gobernadores al que, sin embargo, muchas veces se le agotan las respuestas por el férreo control de Milei y el ministro de Economía de los recursos y que, para colmo, entra y sale del sistema de toma de decisiones. Su internación de hace dos fines de semana en una clínica porteña incrementó los rumores, a pesar de que el propio jefe de ministros respondió este domingo que nunca había pensado en renunciar. Después del discurso del presidente en el Congreso, Francos cenó en Olivos junto a su mujer, José Luis Espert y su esposa, y el jefe de Estado y Amalia “Yuyito” González.
Santiago Caputo también es otro de los colaboradores presidenciales que tiene un trato muy fluido con las provincias. Con algunas, un vínculo más que especial.
“El zoom de hoy fue insustancial”, concluyó frente a este medio uno de los gobernadores que participó del encuentro virtual de este lunes.
En este último caso, el encargado de conectarse al zoom fue el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, que reemplazó a Jorge Macri que, según fuentes de su entorno, no participó del encuentro porque está algo fastidiado con el trato intermitente que le dispensan desde la Casa Rosada.
Este miércoles por la mañana funcionarios de nación y de la Ciudad volverán a verse las caras en las oficinas de la Corte Suprema para tratar de saldar la discusión en torno a la modalidad del cumplimiento de la cautelar que el tribunal resolvió en favor de la administración porteña, en diciembre del 2022, por el recorte de la coparticipación de septiembre del 2020.
Con un semestre de demora, Milei cumplió. Pero Macri quiere que Caputo deposite el porcentaje que le corresponde, en torno al 2,95% del total, a través de un goteo diario establecido, como antes. Ahora, nación paga de acuerdo al fallo de la Corte, pero de manera semanal. El primo del ex presidente -no irá el miércoles, tampoco el ministro Caputo- busca que se rubrique un acta que establezca que ese pago no es voluntario. Es decir, que no se puede interrumpir de manera unilateral. El tribunal nunca estableció cómo debía hacerse el pago, y en el Palacio de Talcahuano creen que, al cumplir la cautelar el gobierno, ya no hay mucho más para discutir.
Fuente: Infobae