Financiamiento universitario: cruces entre el Gobierno y las casas de estudio
Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó la semana pasada la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Como contrapartida, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias. Esto es cerca de la mitad de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las casas de estudio sigan funcionando, que es $7,2 billones.
A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.
Desde la oposición, impulsores de la iniciativa por el financiamiento universitario anticiparon que, ni bien salga a la luz el veto presidencial, van a convocar a una sesión especial para insistir en la ley, en paralelo a una nueva marcha universitaria nacional.
Fuente: Ámbito
