Fuentealba, que es licenciada en Psicología y también secretaria general de ATE en la subsecretaría de la que depende la línea telefónica, describe qué llamados son mayoritarios por estos días: “Nos consultan sobre todo por escenas que no están seguras si son de violencia psicológica, como que les controlen constantemente su teléfono, sus movimientos y sus conversaciones, o que las celen. Y también por escenas vinculadas a extorsiones al momento de pagar la cuota alimentaria, en la que hay casos en los que llegan a exigirles relaciones sexuales a cambio de cumplir con esa cuota, que es una obligación para los padres”.
Desde el comienzo del año hasta el 30 de julio, la línea 144 porteña había derivado 98 casos de lo que se categoriza como “altísimo riesgo” al 911, que puede geolocalizar desde dónde se está emitiendo el llamado para enviar un móvil policial que intervenga. Se trata de un llamado cada dos días para intervenir en una situación de violencia de género que pone en riesgo de vida a una mujer, y sólo contemplando el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
En CABA, se atendieron antes de la denuncia de Yañez unas 200 llamadas diarias, y en lo que va del año se recibieron unas 31.600. A la vez, el canal Boti -el chatbot que el gobierno porteño tiene a través de WhatsApp- está abierto para recibir consultas por esa vía. A nivel nacional -y contemplando que la Provincia y la Ciudad tienen su propia base de operadoras-, se atendían entre 320 y 350 llamados diarios. “Antes de los despidos de fines de junio”, aclara Fuentealba.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación explican: “La línea 144 está funcionando todos los días las 24 horas, para asistir a personas en situación de violencia y riesgo cualquiera sea el sexo o la edad (hombre, mujer, niño, adulto, etc)”. Y suman: “Al día de la fecha, están trabajando 84 personas y está financiada correctamente”. Fernanda Fuentealba, operadora de la línea desde 2015, describe: “Hasta fines de junio éramos 146 personas trabajando para la línea, entre operadoras, equipos de relevamiento de qué recursos están disponibles para derivar a las víctimas y el equipo de salud mental. Ahora somos 82, un poco más de la mitad”.
Según Fuentealba, esa reducción repercutió inmediatamente en la cantidad y también en la calidad de atención disponible: “En estos días en que creció tanto la demanda ves que entran llamados y no hay quiénes puedan tomarlos y es angustiante, porque detrás de ese llamado hay alguien que está pidiendo ayuda. Hay llamados que se resuelven en apenas minutos y otros, en los que hay que contener, explicar, tal vez hablar con alguien de la red de esa persona que llama o de algún equipo especializado, o incluso comunicarte con el juzgado para que se dicte alguna medida de protección. Podés estar una hora o una hora y media con un caso así”.
El Ministerio de Justicia también explica a Infobae: “La línea 144 va a continuar operativa y pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’”. Se trata de una forma de diferenciarse del nombre anterior y de la perspectiva de género. “Nuestras políticas están orientadas siempre a favor de las víctimas y en contra de cualquier tipo de violencia (…) Para erradicar la violencia creemos que hay que ser implacables con los violentos, los asesinos y los violadores sin importar su sexo y/o su ideología”.
“No tenemos la misma cantidad de operadoras para atender, y mientras menos operadoras haya, más llamados quedarán sin respuesta”, asegura por su parte Fuentealba. Es en un contexto en el que los teléfonos suenan aún más que en días “comunes”, en los que se atienden unos quince llamados por hora sin contemplar a los dos distritos que concentran al 45% de la población. Y en los que, algunos de esos llamados, los categorizados como “de altísimo riesgo”, hacen la diferencia entre la vida y un femicidio.
Fuente: Infobae
