Una de las implicadas es Deolinda Hayde Liquitay, hermana de Alberto Abel Liquitay, detenido junto a su hermano David Liquitaya Choque el 12 de enero último. Ambos fueron acusados en ese momento por los delitos de «transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado».

Los dos son hijos de Alberto Estanislao Liquitay, fundador principal del clan, cuyas maniobras de tráfico datan de 1978 y consistieron en el transporte de droga desde La Quiaca al sur del país, que se hacía en vehículos de la propia organización o mediante encomiendas. En 2020, Alberto Estanislao Liquitay falleció y el mando de la organización quedó en manos de Alberto Abel y de Liquitaya Choque.

Además, atendiendo al riesgo de fuga y de que entorpezcan la investigación, a la gravedad del hecho, las penas que podrían corresponderles en caso de ser declarados culpables y las conexiones entre miembros del clan con funcionarios de organismos públicos, el fiscal federal Federico Zurueta y los auxiliares Romina Verdur y Jorge Viltes Monier solicitaron la prisión preventiva de todos los acusados, con excepción de Saravia y Avendaño.

El Juzgado Federal hizo lugar a este pedido y ordenó que Esquivel, Gauto, Giménez y Gómez sean detenidos de inmediato y trasladados a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a Deolinda Liquitay, cumplirá la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que a Saravia y Avendaño se les impuso la prohibición de salir del país.

Una flota motorizada

En la audiencia de imputación, la fiscalía informó que esta investigación comenzó el año pasado y que la tarea principal se concentró en detectar los nexos entre los acusados y, sobre todo, la vinculación con numerosos bienes y cuentas bancarias.

En enero último se realizaron 31 allanamientos y fueron detenidos David Liquitaya Choque y Alberto Abel Liquitay. En ese momento se secuestraron más de 20 automóviles, 12 camionetas, 7 camiones, 6 motos y 3 cuatriciclos.

También se congelaron varias cuentas bancarias, se clausuraron 6 locales comerciales y se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, entre pesos argentinos, dólares, euros y pesos bolivianos.

Posteriormente, se hizo otro allanamiento en mayo último, en donde se recolectaron más pruebas y se determinaron las nuevas imputaciones.

Además, de las vinculaciones de los acusados con los bienes incautados, las cuentas bancarias y los locales comerciales, la fiscalía resaltó la relación de estas personas con diferentes casos de transporte de estupefacientes en Salta y Jujuy.

Respecto a Deolinda Liquitay, los representantes del MPF recordaron que cuenta con un antecedente de infracción a la ley 23.737, que pena el tráfico de estupefacientes, en 1996. Por su parte, Gauto, Gómez y Esquivel fueron condenados el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 de Jujuy por el transporte de 250 kilos de cocaína, que había salido de La Quiaca y fue interceptado en la ruta nacional 16, en Santiago del Estero.

“Esta organización opera interjurisdiccionalmente, atento a que consigue choferes de la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta, y también registra domicilios en esa ciudad, como así también en La Quiaca y San Salvador de Jujuy”, sostuvo el fiscal Zurueta, quien explicó que los acusados realizan todo el circuito de la droga, desde su adquisición en la frontera con Bolivia, su paso a través de La Quiaca y, desde allí, a distintos puntos del país.

Por otro lado, remarcó que la confianza y los vínculos de familiaridad existentes entre los miembros del clan permitieron que durante más de 40 años estas personas usaran los fondos de origen ilícito para administrar y adquirir, por si o interpósita persona, bienes de gran valor.

Fuente: Página 12