Las condiciones meteorológicas no ayudan a los brigadistas que, desde hace dos semanas, intentan combatir los incendios en Córdoba. Actualmente, un foco continúa activo en la provincia, pero rige una alerta máxima para los próximos días debido a que se esperan fuertes vientos que pueden llegar a producir que algunos puntos ígneos se reactiven.
Desde que comenzó la temporada de incendios, un total de 69 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego y, de acuerdo con la información publicada por Puntual, 47 mil corresponden a los incendios que se combatieron en Capilla del Monte, Chancaní y Villa Berna durante los últimos días.
Frente a esto, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional durante 180 días en la provincia de Córdoba. La votación fue unánime, a diferencia de lo que sucedió en el Senado.
El proyecto cuenta con varias medidas financieras concretas para “restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos”, en “el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos”.
La iniciativa expresa que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”.
Asimismo, propone que los afectados puedan acceder a “líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos”. También a “facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas”.
Finalmente, autoriza a suspender “por hasta noventa (90) días, juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas”.
Fuente: Infobae
