Mendoza oficializó este lunes el cobro de servicios de salud a extranjeros que se encuentren de manera transitoria en su territorio o que estén nacionalizados pero no cuenten con residencia en el distrito. De esta manera, a partir del 1 de agosto, la provincia cuyana se sumará a Salta, donde ya rige una política similar. En Jujuy y Santa Cruz también existen normativas en esa línea.
Cómo funcionará el sistema en Mendoza
En diálogo con Ámbito, la titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL), Daniela Correa, comentó que el objetivo central tanto de la flamante medida como del organismo que preside «es recuperar los costos de las atenciones que se brinda a los pacientes con obras sociales, prepagas, etc». «Los mendocinos no tienen por qué transferir recursos públicos a las prepagas. La idea es la recuperación de costos para el sistema de salud público», señaló.
«En 2023, en Mendoza se recuperaron $4.800 millones en obras sociales. Mediante la creación del REFORSAL se espera triplicar los fondos», concluyó.
Salta tomó la iniciativa
A comienzos de año, Salta se convirtió en pionera en el cobro de servicios de salud a extranjeros. La decisión del gobernador Gustavo Sáenz se oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 129 publicado en febrero. El mismo determinó que los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios «contribuyan también a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud».
La medida contempló que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia (cualquiera sea la categoría que éstos revistan) no podrá serles negada ni restringida, toda vez que se trata de una cuestión humanitaria. El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.
Al momento de su publicación, en la gestión salteña hicieron énfasis en «la crisis económica que atraviesa el país» y en las consecuentes «mermas en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica». Asimismo, se apuntó a que, por limitar con tres países, de manera habitual y constante Salta «recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, habiéndoseles brindado hasta ahora un servicio de calidad y gratuito, ello en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema».
En mayo, dos meses después de su aplicación, el ministro de Salud local, Federico Mangione, trazó un balance sobre el impacto del DNU. “Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes, y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de 23 millones de pesos, solo en consultas”, señaló en declaraciones a Radio Con Vos.
Paralelamente, el funcionario criticó el concepto de «reciprocidad»: «En Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo. De hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”.
Jujuy: seguro de salud para extranjeros
En 2019, durante la gestión de Gerardo Morales, Jujuy aprobó la Ley 6116, que establece el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros, a excepción de que exista reciprocidad. En su articulo tres, el texto establece que el régimen jurídico que consagra la Ley «será de observancia obligatoria para todas aquellas personas extranjeras que permanezcan en el territorio de la Provincia de Jujuy en forma transitoria».
Si bien la normativa existe, aún no fue implementada y su aplicación es analizada por la administración que comanda actualmente Carlos Sadir. Este año, el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, explicó que en 2019 se firmó un convenio de reciprocidad con el gobierno de Bolivia, que en ese momento estaba en manos de Evo Morales.
Posteriormente, con la situación política del país vecino, todo volvió a foja cero y «hoy no se cumple dicha reciprocidad». «Por nuestra parte, hemos seguido atendiendo a los ciudadanos de Bolivia en forma gratuita, pero ya no ocurre de igual forma con jujeños que lo necesiten en territorio boliviano, es decir, en forma recíproca”, denunció el funcionario provincial.
Por ese motivo, el ministro le pidió a todo el equipo de su cartera «mantener actualizada toda la información estadística necesaria para la implementación de un Seguro Provincial de Salud que incluiría el cobro a personas extranjeras que no tengan seguro previo al ingreso a la Argentina”. El funcionario apuntó específicamente al hospital de La Quiaca, una zona de frontera donde «más evidente se hace esta situación».
Fuentes consultadas por este medio dieron cuenta de que los hospitales locales todavía no cuentan con un protocolo al respecto. La discusión sobre la reciprocidad se reavivó la semana pasada en esa provincia, cuando la familia de una niña jujeña denunció que, tras haber sufrido graves quemaduras, le negaron atención sanitaria en la localidad boliviana de Villazón, por lo que debió ser trasladada La Quiaca.
«En Villazón la trataron como que tenía heridas superficiales pero no era así, no la quisieron internar. La niña presentaba heridas de consideración en maxilar inferior, tórax, miembros superiores y rodilla. Por la complejidad de sus quemaduras con agua hirviendo fue trasladada a San Salvador de Jujuy porque hay patologías que no se pueden tratar en el hospital de La Quiaca», contó al sitio Todo Jujuy la directora del hospital Jorge Uro de La Quiaca, Fernanda Elías. e
El caso de Santa Cruz
A mediados de abril, Santa Cruz también estableció un arancel diferenciado, consistente en un incremento equivalente al 50% del que corresponda según la práctica que se trate para los extranjeros no residentes y/o transitorios que no cuenten con carnet hospitalario, y no alcanzados por convenios bilaterales de asistencia recíproca.
«Todo lo que es urgencias o personal de riesgo -embarazadas, niños, ancianos- no se cobra. Es solo para personal en tránsito. Si es extranjero, tiene un 50% de aumento en la nomenclatura», indicaron a este medio al oficializarse la medida.
Desde la administración de Claudio Vidal fundamentaron que debieron avanzar como consecuencia del desfinanciamiento del Gobierno nacional a la provincia con algunos programas y medicaciones, como las oncológicas y los inmuno supresores.
«Hay una situación que se deriva de los ajustes del Gobierno nacional. Esos ajustes nos provocaron un montón de desarreglos en el financiamiento de la salud pública», señalaron, y explicaron: «Eso te recontra desfinancia. Por un lado, con la migración de las prepagas, se te llena cada vez más de gente el hospital público y, además, el Gobierno deja de asistirte con sus responsabilidades», protestaron en su momento.
Actualmente, otras provincias como Entre Ríos, Neuquén, Córdoba y Corrientes tienen proyectos en el tintero para el cobro de servicios de salud a extranjeros.
Fuente: Ámbito
